El gobierno enfrenta cuestionamientos por vetos a leyes clave como la de financiamiento universitario, Garrahan y emergencia en discapacidad, que fueron rechazados por el Congreso, revelando tensiones democráticas. Esta práctica de no aplicar leyes aprobadas genera dudas sobre el compromiso con el Estado de derecho.
La inminente reforma laboral, que busca derogar el artículo 14 bis, viola tratados internacionales ratificados por Argentina, haciendo la ley potencialmente inconstitucional. Opositores, incluyendo la CGT, amenazan con judicializarla, similar a suspensiones previas de decretos de necesidad y urgencia.
El traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires añade complejidad, preparando el terreno para medidas cautelares. A pesar de negociaciones en el Congreso, la oposición reconoce en off la obsolescencia de la legislación actual, aunque el debate público se centra en protecciones sindicales.