La reforma laboral impulsada por el gobierno actual genera fuerte rechazo por su potencial para facilitar despidos masivos sin costos significativos para los empresarios, lo que se percibe como una destrucción de las fuerzas productivas del país. Este esquema económico, comparado con fracasos históricos como los de Onganía o Menem, amenaza con liquidar salarios y puestos de trabajo estables.
El cambio sociológico en el voto a Milei refleja la insatisfacción del sector popular, donde los bajos ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas. Temas como licencias, vacaciones y jornadas extendidas avivan el descontento en los lugares de trabajo, con un detonante en las propuestas que afectan directamente la vida familiar y laboral de los empleados.
Se cuestiona la eliminación del estatuto del periodista y otras protecciones laborales, generando indignación entre profesionales de los medios. La tibieza de la CGT y el peronismo ante estas medidas acelera una radicalización hacia la izquierda, posicionándola como alternativa viable frente a la complacencia opositora.