La propuesta de reforma laboral presenta contradicciones evidentes, prometiendo modernización pero ignorando avances como la inteligencia artificial o la ley de teletrabajo, derogando normativas que mejoraron las relaciones laborales post-pandemia. En su lugar, profundiza la precarización al excluir a trabajadores de aplicaciones y monotributistas de derechos de dependencia.
Expertos destacan que esta iniciativa no genera empleo genuino, sino que responde a un sesgo ideológico que prioriza la desregulación sobre la protección social. En cambio, se necesita inversión productiva, incentivos fiscales para PyMEs y una apertura económica controlada que preserve la manufactura y evite el cierre de 21.000 empresas con 400 despidos diarios.
El equilibrio económico-social es clave: el trabajador no es un engranaje, sino el centro de una economía al servicio de la dignidad y la felicidad. Atacar el concepto de justicia social contradice la libertad verdadera, recordando que no hay progreso sin equidad.
Esta visión retrógrada agrava la crisis, como se ve en casos emblemáticos de despidos masivos, exigiendo un modelo que fomente empleo y tejido social sólido.