La propuesta de reforma laboral ha generado una fuerte controversia por su impacto en los derechos de los trabajadores, especialmente en aspectos como las licencias por enfermedad. El gobierno busca modificar el pago de estas licencias, reduciéndolo al 75% para casos graves como el cáncer y al 50% para lesiones deportivas, lo que ha sido calificado como una torpeza que revela una insensibilidad profunda hacia la sociedad.
Expertos destacan que el proyecto entero es regresivo, sin un solo artículo que beneficie a los empleados, atacando desde las relaciones individuales hasta las colectivas y el sistema previsional. Se critica la creación de un fondo de asistencia laboral que desvía aportes de la seguridad social para facilitar despidos, beneficiando a grupos concentrados y permitiendo negocios financieros cuestionables similares a los de épocas pasadas.
En el contexto del paro convocado por la CGT, se enfatiza la decisión de realizarlo sin movilización masiva, priorizando la visibilidad y el impacto en sectores clave como industria, servicios y transporte. Además, se apela a los legisladores peronistas para que defiendan principios de justicia social, denunciando votos en contra de estos ideales por parte de figuras como Flavia Rollón y Beatriz Ávila, lo que se considera una traición a las banderas fundamentales del peronismo.
El debate subraya la necesidad de que gobernadores y legisladores asuman responsabilidad, especialmente ante la eliminación de la justicia social como principio interpretativo de la ley de contrato de trabajo, un cambio impulsado por el actual gobierno que califica esta noción como una aberración.