La industria automotriz argentina enfrenta una grave crisis, marcada por el cierre definitivo de la fábrica de FATE y la paralización temporal de otras plantas, como la de Estelanti en El Palomar hasta marzo. Los trabajadores recibirán solo el 70% de su salario durante este período de inactividad, lo que agrava la situación económica de miles de familias. Este escenario se vincula directamente a la caída en la producción y al impacto de políticas que no protegen la industria local.
En el sector automotriz, que emplea a aproximadamente 150.000 personas entre terminales y autopartistas, el uso de la capacidad instalada ha caído al 31,2%, un nivel alarmante comparado con picos históricos de casi un millón de vehículos producidos anualmente. La importación de cubiertas aumentó un 44% en 2025, evidenciando una apertura comercial que perjudica la producción nacional y destruye capacidades productivas irrecuperables.
Expertos critican la respuesta gubernamental, que minimiza el drama humano detrás de estos números, optando por ataques personales en lugar de ajustes en la política económica. La desindustrialización amenaza no solo empleos directos, sino toda la cadena productiva, con un llamado urgente a priorizar la producción nacional para evitar un colapso mayor.