El timing del cierre de FATE, con 900 despidos, genera sospechas de conexión con la inminente reforma laboral, vista como maniobra para presionar al Congreso. Críticos ven en el anuncio, un día antes de la votación, una estrategia política alineada con intereses proteccionistas. Teorías conspirativas ligan al dueño con figuras del pasado, cuestionando motivaciones más allá de lo económico.
El gobierno no retrocede en la apertura de importaciones, pero dicta conciliación obligatoria para agotar instancias legales, pateando el problema 15 días. Esto asegura pago de indemnizaciones, posiblemente al 100%, mientras se negocia.
La discusión revela tensiones entre vieja y nueva política, con acusaciones de venganzas empresariales y mañas antiguas. El tiempo dirá si es coincidencia o cálculo, pero subraya la polarización alrededor de reformas que definen el futuro laboral del país.
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Conspiraciones en torno al cierre de FATE y la reforma laboral
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