En medio de una prolongada crisis económica, la fábrica ha enfrentado múltiples desafíos que han reducido drásticamente su plantilla laboral. Originalmente con 1.400 trabajadores, actualmente opera con apenas 750 a 760 empleados, resultado de despidos y acuerdos forzados por la situación financiera adversa. Los vaivenes en la producción, comunes en la industria, han incluido periodos de trabajo reducido a tres o dos días por semana durante los años 90, así como ajustes durante la pandemia.
El representante sindical destaca que, a pesar de estas dificultades, la empresa ha sobrevivido gracias a negociaciones constantes con mediadores y acuerdos en diversas circunstancias, incluso bajo el actual gobierno. Sin embargo, la reciente amenaza de cierre, anunciada en un cartel que menciona 80 años de historia, genera imprevisibilidad y alarma entre los trabajadores. La conciliación obligatoria ha suspendido temporalmente la orden de desalojo, priorizando el diálogo entre las partes en un contexto de tensiones crecientes.
El gobierno provincial y nacional mantienen contacto con los involucrados, aunque no se han reportado avances concretos más allá de la audiencia en el Ministerio de Trabajo. Los sindicalistas enfatizan su disposición al diálogo, pero advierten que las condiciones económicas hacen difícil cualquier resolución. Esta situación afecta directamente a cientos de familias, subrayando la vulnerabilidad del sector industrial ante las fluctuaciones económicas.
La policía garantiza la seguridad en el predio durante la noche, sin ejecutar desalojos en estas condiciones, mientras las negociaciones continúan en stand-by. El cierre potencial no solo representa una pérdida de empleo, sino el fin de una era para una planta con décadas de historia, impulsando llamados a la solidaridad de la sociedad argentina.