La planta industrial de Aluar en San Fernando ha sido escenario de un tenso conflicto laboral tras el anuncio sorpresa de cierre que deja a más de 900 trabajadores en la incertidumbre. El cartel colocado en la entrada informa el cese inmediato de actividades, firmado por el directorio, impactando a familias que dependen de estos empleos estables de décadas. La medida llega en un contexto de premeditación por parte de la empresa, que había enviado a vacaciones a parte del personal bajo pretexto de mantenimiento, solo para revelar el cierre definitivo.
Trabajadores expresan su angustia y determinación en las afueras de la fábrica, donde un grupo reducido se mantiene en vigilia ante cadenas y candados que bloquean el acceso. Una empleada con 30 años de antigüedad relata el golpe emocional, especialmente para su familia con una hija discapacitada, mientras otros llaman a la movilización masiva para el lunes, cuando se espera la llegada de más compañeros. La quema de gomas y la tensión escalan con la irrupción de la policía, que recorre el predio posiblemente en respuesta a una denuncia por usurpación, aunque no hay orden de desalojo en manos del sindicato.
El titular del sindicato SUT denuncia la situación como un retroceso a un modelo bananero dependiente de importaciones, ratificando que alrededor de 1.000 personas, incluyendo tercerizados, pierden sus puestos. La conciliación obligatoria en curso busca evitar confrontaciones mayores, pero la presencia policial añade presión. Este cierre se suma a la crisis industrial argentina, afectando a miles de familias en un año marcado por ajustes económicos que erosionan la soberanía productiva.
La justicia ha otorgado un desalojo inmediato del inmueble, ordenando al fiscal y la policía ejecutar el lanzamiento, lo que podría derivar en un despliegue mayor de fuerzas. Mientras tanto, los trabajadores insisten en su derecho a pelear por los empleos, destacando la capacidad de la empresa para revertir la decisión si así lo quisiera.