La fábrica FATE, emblemática en la producción de neumáticos con 86 años de historia, anunció el cierre de su planta en San Fernando, dejando en la calle a cerca de 900 trabajadores. La decisión, comunicada mediante telegramas de despido sin causa invocada, incluye el pago íntegro de indemnizaciones conforme al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, la más alta prevista por la normativa. Los empleados recibirán sus haberes pendientes y certificados de trabajo en los plazos legales, pero la empresa no muestra intención de reabrir la producción, lo que complica cualquier posibilidad de reactivación.
El conflicto surge en un contexto de apertura económica y competencia con importaciones a precios un tercio inferiores a los locales, sumado a años de conflictividad sindical y falta de inversiones. Aunque el Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria por 15 días, esta medida no altera la voluntad de la empresa, propiedad de la familia Madanes, de liquidar operaciones. Los trabajadores, en asamblea permanente, exigen no solo pagos sino también herramientas para formar cooperativas, aunque expertos señalan que el vínculo laboral ya se rompió irreversiblemente según jurisprudencia vigente.
Este cierre ilustra el rediseño industrial que atraviesa Argentina, donde sectores no competitivos enfrentan desafíos frente a la globalización. Mientras algunos ven en ello una oportunidad para una nueva burguesía argentina en industrias pujantes como la alimenticia, otros alertan sobre el riesgo de desindustrialización masiva sin políticas de apoyo como reducción impositiva y nivelación de costos. El caso FATE dispara debates sobre competitividad y el impacto en empleo privado, que suma 6 millones de puestos, de los cuales solo un millón corresponde a la industria.
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Cierre de FATE: 900 puestos de trabajo en riesgo por la crisis industrial argentina
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