El empresario Alberto Samir, dueño de la cadena de supermercados que lleva su nombre, enfrenta una grave situación de salud mientras acumula deudas impositivas por millones de pesos con el Estado argentino. Vacacionando en Punta del Este, Uruguay, Samir solicitó un avión sanitario para ser repatriado de urgencia, un pedido que involucró gestiones con el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Esta solicitud genera controversia, ya que Samir fue mandado a la quiebra por la Justicia debido a evasiones tributarias, incluyendo obligaciones con ARBA, la agencia recaudadora provincial.
El caso remite a antecedentes polémicos de Samir, como un procesamiento por evasión en la década del 90, que lo llevó a fugarse a Belice y a cumplir prisión domiciliaria, la cual violó al aparecer en un local comercial. Críticos señalan que este empresario, que no pagó impuestos durante años afectando servicios públicos como salud y educación, ahora busca privilegios estatales en un contexto de crisis sanitaria donde miles de bonaerenses esperan atención en hospitales públicos sobrecargados. La oposición cuestiona si se justifica un trato preferencial para alguien con tobillera electrónica pendiente de causas judiciales.
El incidente pone en evidencia las desigualdades en el acceso a la salud en Argentina, donde trabajadores precarios del sector, como becarios en el Ministerio de Salud bonaerense, reclaman estabilidad laboral mientras figuras controvertidas obtienen atención expedita. Fuentes gubernamentales confirmaron que se facilitaron los trámites por humanidad, pero el debate persiste sobre la equidad en un sistema colapsado por deudas y recortes.