Rodrigo Gómez, un soldado de 21 años asignado a la Quinta de Olivos, se quitó la vida tras ser víctima de una banda de extorsionadores que operaba desde prisiones como Olmos y Magdalena. La red usaba perfiles falsos en apps de citas para atraer a jóvenes, fingiendo involucrar a menores y amenazando con denuncias policiales para exigir transferencias monetarias, dejando a Gómez en desesperación económica e imagen manchada.
Karen Cufré, empleada municipal de Morón hasta su despido, facilitaba perfiles truchos y billeteras virtuales para recibir fondos de al menos tres víctimas confirmadas, incluyendo Gómez, con investigaciones apuntando a más de 300 casos similares. Juezas como Sandra Arroyo Salgado rechazaron la excarcelación de Cufré y otras, ordenando peritajes en celulares para determinar su rol, mientras se debate el acceso a teléfonos en cárceles post-pandemia.
Esta tragedia expone vulnerabilidades en el sistema penitenciario y el uso de tecnología para delitos cibernéticos, urgiendo controles estrictos. La banda, con dos líderes presos, explotaba la ingenuidad de usuarios, convirtiendo chats inocentes en trampas financieras que llevan a extremos como el suicidio.
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Tragedia del soldado Gómez: Banda extorsiona desde cárceles con perfiles falsos
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