Reforma penal juvenil: baja de imputabilidad a 16 años para combatir la inseguridad

La nueva reforma penal juvenil, aprobada en Diputados con amplio consenso, baja la edad de imputabilidad a 16 años y crea un régimen específico para menores infractores, incorporando estándares internacionales. Este marco equilibra justicia para víctimas con resocialización de victimarios, permitiendo penas privativas de libertad solo en delitos graves, pero priorizando alternativas como trabajo comunitario, tobilleras y reparación del daño. La ley responde a la demanda social ante un sistema actual que judicializa la pobreza sin contención efectiva.

Críticas de garantistas señalan riesgos de inconstitucionalidad o discrecionalidad judicial, pero defensores argumentan que ignora la realidad: institutos colapsados, alta reincidencia y fugas filmadas por los propios internos, como en La Plata. Menores entre 16 y 18 años, usados como mano de obra en bandas criminales o narcotráfico, salen 'perfeccionados' en delito. La reforma exige responsabilidad parental y persigue redes delictivas, evitando el abandono actual que fomenta carreras criminales.

Expertos en neurología y psicología confirman que jóvenes de 12 a 14 años tienen discernimiento y voluntad para delitos, justificando la aplicación del Código Penal. Votada por amplios sectores, excepto ultraizquierda y kirchnerismo, representa un paso histórico desde 1980, protegiendo a menores de entornos tóxicos y ofreciendo inserción real, no hipocresía que los deja en gris legal sin defensa.