La reforma laboral impulsada por el gobierno genera controversia al introducir modificaciones en las licencias por enfermedad mediante el artículo 44, que reduce el pago al 50% o 75% según si la incapacidad es por actividad riesgosa voluntaria. Esta disposición, incorporada de último momento, ha sido criticada por sindicatos y aliados políticos como el PRO, que exigen su revisión en Diputados para evitar recortes a derechos laborales existentes. El ministro de Regulación la defendió argumentando contra abusos, pero carece de datos sobre irregularidades reales.
La CGT, en respuesta, convocó un paro general de 24 horas para el día de la sesión en Diputados, posiblemente el jueves 19, con adhesión total del transporte. Líderes como Omar Maturano de La Fraternidad objetan no solo las licencias, sino también prohibiciones a asambleas sin preaviso, el banco de horas que desfavorece a trabajadores y el salario dinámico que permite descuentos por baja productividad. Insisten en que el transporte no es servicio esencial según la OIT, rechazando imposiciones que limitan el derecho a huelga protegido por la Constitución.
La falta de diálogo con la CGT, ausente en comisiones parlamentarias, alimenta el conflicto, con amenazas de paros escalados si la ley avanza. Maturano llamó a la resistencia sindical, criticando la politización de los gremios y la enriquecimiento de algunos dirigentes, mientras aliados gubernamentales presionan por volver el proyecto al Senado. Este debate subraya tensiones entre modernización laboral y protección de derechos, con potencial impacto en la economía y la sociedad.