La Cancillería adjudicó directamente un contrato de 114 millones de pesos a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa para capacitar en inglés a 132 agentes durante nueve meses, con posibilidad de prórroga. La polémica surge porque la directora ejecutiva, María Josefina Reulier, es esposa del ministro Federico Sturzenegger. La contratación, por especialidad y única oferente, se hizo en la sede de Suipacha y Juncal, con adelanto del 40% y pagos en tramos.
El gobierno defiende que el contrato data de 2018, pasó controles de la Oficina Anticorrupción y Sigen, y Reulier es empleada, no dueña. Sin embargo, opositores denuncian incumplimiento de deberes públicos y negociaciones incompatibles, alegando falta de publicación del parentesco en la web oficial. El abogado denunciante critica la opacidad y posible influencia ministerial, mientras el presidente Javier Milei lo califica de 'opereta' en redes.
Diputados como Juliana Di Tullio anuncian más denuncias, cuestionando por qué optar por una entidad privada ante recortes educativos y expertos en la UBA. La justicia investigará si hubo arbitrariedad o influencia indebida, aunque el parentesco no es delito per se. Este caso aviva debates éticos sobre conflictos de interés en el gobierno.
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Polémica por contrato de Cancillería a institución ligada a esposa de Sturzenegger
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