La Confederación General del Trabajo (CGT) intensifica su llamado a un paro general de 24 horas el jueves, con demandas de medidas más drásticas si no se atienden sus reclamos salariales y laborales. Líderes sindicales como Julio Piumato insisten en que la medida busca "golpear" al gobierno, reconociendo que afecta directamente a trabajadores y pasajeros, pero priorizando la presión política sobre el impacto cotidiano.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, aún no confirmó su adhesión, pese a un supuesto acuerdo informal con la CGT. Fuentes sindicales indican que la UTA mantiene diálogos abiertos con el gobierno por paritarias pendientes, lo que podría llevar a que los colectivos circulen normalmente. En paros anteriores, la ausencia de la UTA redujo el acatamiento, permitiendo que muchos ciudadanos acudieran a sus labores.
El oficialismo trabaja activamente para garantizar el servicio de transporte público, argumentando que un paro total sería una forma de extorsión que vulnera la libertad de quienes desean trabajar. Si los colectivos operan, el impacto del paro se diluiría, beneficiando a pymes y comercios que dependen del movimiento diario. Analistas prevén un escenario mixto, con adhesiones parciales en subtes y trenes, pero sin el cierre total del transporte urbano.