El gobierno israelí de Benjamin Netanyahu ha aprobado una medida que permite registrar extensas tierras en Cisjordania ocupada como propiedad estatal, reabriendo un proceso de liquidación de títulos no utilizado desde la ocupación en 1967. Esta acción, que comienza en el área C (60% del territorio bajo control militar israelí), complica la prueba de propiedad para palestinos, muchos sin documentos debido a tradiciones orales o pérdidas por redadas.
Qatar, Egipto, Jordania y la Unión Europea han condenado la política, mientras la Autoridad Palestina pide ayuda internacional para evitar una anexión de facto. Organizaciones no gubernamentales israelíes advierten que un Estado ocupante no puede registrar o vender tierras como un soberano, temiendo un despojo masivo y cambios demográficos irreversibles alertados por el alto comisionado de la ONU, Volker Turk.
En contexto electoral de octubre, la coalición de Netanyahu acelera su agenda colonizadora, facilitando compras de tierras a colonos y controlando recursos como agua y sitios arqueológicos. En terreno, se observan más puestos de avanzada y asentamientos, haciendo imposible un Estado palestino viable y violando el derecho internacional según denuncias regionales.