Los intérpretes argentinos reclaman una mayor intervención del Estado para salvaguardar sus derechos de propiedad intelectual sobre las canciones. Como dueños de la propiedad privada de las obras musicales, argumentan que solo una gestión colectiva, respaldada por normativas exclusivas, permite cobrar adecuadamente por el uso de su trabajo intangible.
En un llamado a colegas y asociaciones como la ADI, que ha administrado estos derechos durante 70 años con éxito, se critica la posibilidad de cobros individuales, que fragmentarían el proceso y diluirían los ingresos. Comparan la música con servicios esenciales como la electricidad, donde el impago conlleva cortes, pero destacan que sin 'llaves' para controlar su uso, necesitan el amparo legal del gobierno para evitar pérdidas.
El mensaje es claro: sin exclusividad en la recaudación, los derechos se pierden en un caos de reclamos dispersos. Instan a una reunión con autoridades para aclarar malentendidos y asegurar que la administración colectiva prevalezca, protegiendo así el legado cultural de generaciones de artistas.