El Ministerio de Seguridad de la Nación emitió un instructivo que restringe la labor de los periodistas durante las manifestaciones, asignando zonas exclusivas para la prensa y prohibiendo posicionarse cerca de focos potencialmente violentos. Esta medida, presentada como una forma de proteger la integridad de los operativos policiales, ha generado fuertes críticas por coartar la libertad de expresión y el derecho a informar, amparados en la Constitución Nacional.
Expertos y comunicadores denuncian que el protocolo busca facilitar la represión sin testigos independientes, recordando incidentes como el baleo a reporteros en coberturas previas. El instructivo especifica ubicaciones como Hipólito Yrigoyen al 1700, lado par, limitando la visibilidad de los eventos y exponiendo a los periodistas a riesgos si deciden cubrir desde el terreno. Esta iniciativa se interpreta como un intento del gobierno de controlar la narrativa de las protestas, ignorando el rol esencial de la prensa en documentar abusos.
En respuesta, medios y asociaciones periodísticas reafirman su compromiso de cubrir las manifestaciones de manera integral, rechazando el encierro en 'corralitos' que impidan mostrar la realidad. La medida choca con precedentes constitucionales y podría derivar en demandas legales, subrayando la tensión entre seguridad pública y derechos democráticos en un contexto de creciente conflictividad social.