El financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) se posterga hasta 2028 en la reforma laboral, manteniendo por ahora el impuesto del 10% a las entradas de cine y el 25% del fondo ENACOM. Estos recursos, provenientes de tickets y publicidades en radio y TV, nutren el fondo de fomento para producciones nacionales. La propuesta original buscaba integrarlos a rentas generales para eliminar impuestos específicos, pero se aplazó ante debates sobre independencia presupuestaria.
Críticos del sector cinematográfico temen desfinanciamiento al pasar a presupuesto general, perdiendo autarquía y quedando sujetos a revisiones congresales. Defensores argumentan que fondos específicos, logrados por lobby, distorsionan la distribución equitativa de recursos públicos en un país democrático, citando ejemplos como Canal 7 o el fondo del tabaco.
El cambio busca justicia fiscal, cuestionando privilegios sectoriales en tiempos de ajuste. Voces opositoras, especialmente de colectivos feministas y actrices, alertan sobre destrucción de la industria, recordando producciones pasadas subsidiadas que, aunque poco vistas, generaban empleo. El debate resalta tensiones entre apoyo estatal y eficiencia presupuestaria.