La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, están acusados de liderar una asociación ilícita destinada a lavar dinero y recibir coimas a través de contratos simulados con empresas vinculadas a Lázaro Báez. El caso, conocido como Otesur Losauces, involucra a la expresidenta y al legislador en un esquema de corrupción que simula operaciones hoteleras e inmobiliarias para encubrir retornos ilegales.
En paralelo, la Cámara de Casación Penal evalúa el decomiso de 20 propiedades de la familia Kirchner, incluyendo el departamento de San José 1111 donde Cristina permanece presa. Esta medida busca recuperar para el Estado unos 685 mil millones de pesos defraudados en la causa Vialidad, solo una de las múltiples investigaciones que pesan sobre el clan, como los cuadernos de las coimas, considerado el mayor latrocinio en democracia.
La herencia adelantada por Cristina a sus hijos, incluyendo a Máximo, es cuestionada como un intento fraudulento de eludir el decomiso de bienes mal habidos. Pruebas como cheques y mensajes interceptados en el teléfono de José López revelan la participación directa de Máximo en la supervisión de obras irregulares de Báez, con sobreprecios del 65% y licitaciones amañadas que mancharon a la familia con delitos graves.
Este entramado de corrupción no solo afecta el patrimonio público, sino que expone la falta de límites en la codicia por el poder, involucrando incluso a los hijos en negocios sucios sin protección alguna.