El cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos entra en su tercer día, impactando al Departamento de Seguridad Nacional y agencias como TSA, FEMA, Guardia Costera y Aduanas. El Congreso aprobó fondos hasta fin de año, pero excluyó seguridad nacional, centrando la disputa en reformas al Servicio de Control de Inmigración (ICE) tras tiroteos en Minnesota.
Demócratas exigen cambios como órdenes judiciales para ingresos a domicilios, fin de detenciones por perfiles raciales, cámaras corporales y prohibición de máscaras para agentes. Tribunales han dictaminado más de 4.400 encarcelamientos ilegales por ICE. La Casa Blanca rechaza estas demandas como excesivas, estancando negociaciones con republicanos.
El cierre deja sin salario a miles de trabajadores esenciales, afectando seguridad en transporte y manejo de desastres. Aerolíneas y asociaciones hoteleras advierten impactos económicos negativos. Tom Homan, zar fronterizo, califica las exigencias demócratas de irrazonables por motivos de seguridad.