La Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado a un paro nacional sin movilización en respuesta a la controvertida reforma laboral, programado para el día en que el proyecto sea tratado en el recinto de Diputados. Esta medida busca presionar a los legisladores ante modificaciones que amenazan derechos laborales consolidados, como licencias por enfermedad y aportes a obras sociales, tras negociaciones intensas con el Gobierno.
El paro paralizará el transporte, con adhesión de la UTA y trenes, afectando la movilidad diaria y destacando la unidad sindical pese a diferencias internas. Críticos señalan que la ausencia de marchas limita el impacto callejero, pero el cese de actividades servirá como encuesta masiva de opinión pública contra cambios que incluyen recortes en vacaciones y protecciones médicas, como licencias para tumores recurrentes dentro de dos años.
Las negociaciones vertiginosas buscan modificar el dictamen para evitar su retorno al Senado, aunque promesas gubernamentales, como excluir artículos polémicos en la reglamentación, generan escepticismo. Este paro representa un llamado urgente a la representatividad obrera, exigiendo alternativas concretas al modelo actual y protegiendo a trabajadores frente a desigualdades crecientes.