La causa judicial contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) gana profundidad con la declaración de un testigo de identidad reservada, quien aportó información clave durante cuatro jornadas ante la fiscalía. Este colaborador, cercano al lobista Miguel Ángel Calvete –ya procesado–, detalla un complejo entramado societario que desviaba fondos destinados a personas con discapacidad hacia bolsillos privados y posibles coimas a funcionarios. Elementos como audios y documentos secuestrados confirman vínculos con figuras sensibles del gobierno, incluyendo menciones a Karina Milei y Lule Menem.
Hasta ahora, 19 personas están procesadas, entre ellas Diego Spagnuolo, exfuncionario que intenta desvirtuar las acusaciones alegando relaciones de confianza con Calvete. Sin embargo, el juez Sebastián Casanello destaca que la pesquisa no concluye, con pruebas que incluyen dispositivos allanados y referencias a empresas controladas indirectamente por el imputado. El testigo acelera la identificación de más involucrados, cuestionando si fondos públicos terminaron en negociados con laboratorios y terceros ajenos a la función estatal.
La investigación expone irregularidades en la asignación de recursos para discapacitados, con indicios de coimas y lavado que podrían extenderse a exfuncionarios del macrismo como Pablo Achával. Defensas intentan minimizar las grabaciones iniciales, pero la robustez de las pruebas –incluyendo audios de WhatsApp– apunta a un esquema de corrupción sistemática. Autoridades judiciales anticipan nuevas indagatorias, subrayando la necesidad de transparencia en agencias públicas para proteger derechos vulnerables.
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Avanza la investigación por corrupción en la ANDIS: testigo reservado revela entramados de desvío de fondos
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