Una estafa masiva en la venta de casas prefabricadas ha dejado a múltiples familias en la ciudad de Dolores sin sus ahorros y sin el techo propio soñado. La empresa involucrada operaba con promesas de construcciones en seco a precios accesibles, entre 15 y 20 millones de pesos, pagaderos en cuotas cortas. Sin embargo, tras recibir pagos completos, las entregas nunca se materializaron, afectando a decenas de damnificados que confiaron en referencias iniciales positivas.
Las víctimas relatan cómo la compañía, conocida por entregar algunas unidades al principio para ganar credibilidad, cerró oficinas y dejó de responder comunicaciones a fin de año. El dueño alegó un cierre temporal, pero la realidad es que continuó operando en otras localidades, atrayendo a nuevos clientes con tácticas como ruedas de ruleta para 'premios'. En un caso emblemático, una madre de familia pagó cuatro millones de pesos hace tres años por una propiedad que nunca vio, sumándose a un grupo que ahora busca justicia colectiva.
El proceso legal es frustrante: denuncias en defensa del consumidor resultan en multas mínimas de hasta 2.000 pesos si la empresa no se presenta, mientras que causas penales por estafa enfrentan penas máximas de seis años solo en casos agravados con plan sistemático y múltiples víctimas. Abogados recomiendan unirse en querellas para probar el fraude organizado, pero la impunidad actual desalienta a muchos. Esta situación expone vulnerabilidades en el mercado inmobiliario informal y urge reformas para proteger ahorros destinados a la vivienda familiar.
Mientras tanto, las familias afectadas insisten en alertar al público para evitar más daños, destacando la doble traición: económica y emocional, al frustrar el sueño de un hogar propio para sus hijos.