En el penal de máxima seguridad de Sierra Chica, dos mujeres trans, Jordana y Mariana, enfrentan un calvario tras rechazar involucrarse en el tráfico de drogas solicitado por personal de limpieza. Aisladas en un buzón —un confinamiento extremo—, sufrieron golpizas y amenazas constantes de muerte, lo que las llevó a contactar a medios para visibilizar su situación. Ambas, que purgan condenas por hurto tras un traslado desde Batán, temen por sus vidas y exigen protección inmediata.
El caso expone la vulnerabilidad de las poblaciones trans en prisiones argentinas, donde pabellones de diversidad suelen ser escenarios de violencia exacerbada por patologías psiquiátricas y abusos previos. Mariana, que se identifica como mujer y usa pronombres femeninos, fue despojada de su ropa, obligada a estar desnuda en condiciones deshumanizantes, mientras ambas lidian con VIH y necesitan tratamientos diarios. El traslado prometido a un pabellón evangélico surge como respuesta al escándalo mediático, pero genera dudas sobre su seguridad real, ya que avisan: si no se reconectan, algo grave habrá ocurrido.
Esta denuncia enciende el debate sobre el sistema penitenciario argentino, criticado por su enfoque punitivo que agrava el delito en lugar de resocializar. Expertos llaman a una reforma integral, desde mejorar condiciones de detención hasta invertir en rehabilitación, recordando que maltratar a reclusos como 'perros rabiosos' solo perpetúa el ciclo de violencia. El caso subraya la urgencia de garantizar derechos básicos, como vestimenta y atención médica, para evitar tragedias en un contexto de hacinamiento y transfobia rampante.
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Terror en Sierra Chica: Dos internas trans denuncian amenazas de muerte tras negarse a traficar drogas
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