La reforma laboral aprobada en el Senado genera controversia por artículos que reducen licencias por enfermedad al 50% del salario para casos no graves, como lesiones deportivas o resfriados, dejando solo el 100% para afecciones degenerativas o terminales. Esta disposición, impulsada por Sturzenegger, ha provocado un retroceso del gobierno ante la presión sindical y social, con promesas de modificaciones en Diputados o por reglamentación.
Patricia Bullrich admitió que el proyecto se ajustará para proteger enfermedades severas, pero el cambio no aborda otras limitaciones, como la eliminación de indemnizaciones o la flexibilización de jornadas. Diputados aliados, como Eduardo Falcone, declaran el texto 'invotable' en su forma actual, exigiendo compromisos presidenciales para evitar vetos posteriores. La euforia inicial del oficialismo se diluye, con debates programados para el 19 o 25 de febrero.
El artículo sobre deportes, que penaliza actividades recreativas con descuentos salariales, caló hondo en la opinión pública, recordando que accidentes cotidianos como jugar al fútbol o pádel podrían costar caro a los trabajadores. Críticos advierten que la ley precariza derechos laborales consolidados, beneficiando a empleadores mientras el gobierno busca alianzas para aprobarla sin mayores cambios estructurales.
En un contexto de inflación y desempleo, esta reforma se presenta como esencial para la competitividad, pero opositores la ven como un ataque al bolsillo de los asalariados. La resolución final dependerá de negociaciones en el Congreso, donde el oficialismo no cuenta con mayoría absoluta.