La reforma laboral impulsada por el gobierno enfrenta obstáculos constitucionales y posibles demandas judiciales, especialmente en el artículo sobre licencias médicas que generó controversia al limitar pagos al 50% en ciertos casos. El ministro de Trabajo anunció modificaciones para elevar al 100% en enfermedades graves, pero expertos advierten que el proyecto podría requerir volver al Senado tras cambios en Diputados, respetando el procedimiento constitucional para evitar nulidades.
Diego Armesto, constitucionalista, destaca que intentos de modificar la ley por decreto o reglamentación vulneran el Capítulo V de la Constitución Nacional, deteriorando la institucionalidad. Aspectos como la definición de empleado para facturantes con horarios fijos, el uso de 'ius variandi' por empleadores y topes en indemnizaciones –excluyendo bonos y aguinaldos– podrían generar litigios individuales, basados en fallos de la Corte Suprema como Pérez vs. Disco, que amplían el concepto de remuneración.
El traslado de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires busca reducir la 'industria del juicio', pero deja indefinido el destino de jueces nacionales, lo que podría derivar en más conflictos. Mientras gremios como la CGT amenazan paros y cuestionan derogaciones de estatutos, la ley incentiva contrataciones en PYMES con regímenes especiales sin riesgos indemnizatorios, aunque su efectividad histórica, como en la reforma de Menem, es debatida. Todo apunta a un futuro de debates en tribunales que definirá su impacto real en el empleo.
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Reforma laboral argentina: riesgos de judicialización y polémicas en licencias médicas
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