La reciente reforma laboral ha generado un fuerte revuelo debido a un artículo que modifica las licencias por enfermedad, reduciéndolas al 75% y 50% del salario según el tiempo de ausencia. Este cambio, surgido en las negociaciones del Senado entre el oficialismo y aliados, ha sido cuestionado por la CGT, que amenaza con un paro general. Fuentes del gobierno indican que el articulado no fue impulsado directamente por el Ejecutivo, sino que emergió de conversaciones con jueces laboralistas y senadores, dejando en evidencia la falta de claridad sobre su origen.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, anunció que se revisará la medida para casos de enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables, manteniendo el 100% del salario en esas situaciones. El oficialismo aclara que los descuentos no serán inmediatos, sino que comenzarán después de tres o seis meses, dependiendo de si hay personas a cargo. Sin embargo, opositores y hasta aliados que votaron a favor expresan preocupación, argumentando que esto podría afectar a trabajadores vulnerables y abrir una brecha en el apoyo al gobierno.
En el contexto internacional, expertos señalan que en muchos países el Estado o seguros cubren estas licencias, no las empresas directamente. El gobierno evalúa modificaciones vía reglamentación o convenios colectivos para evitar que el proyecto vuelva al Senado, donde podría demorarse. Esta controversia llega en un momento de avances legislativos para el oficialismo, pero resalta tensiones internas y la necesidad de una ley complementaria para equilibrar la protección laboral.