La reforma laboral aprobada en el Senado ha desatado controversia por un artículo que reduce el pago de licencias médicas entre un 25% y 50% en casos de enfermedad común, generando rechazo de legisladores, aliados y sindicatos. El gobierno, a través de Patricia Bullrich, anunció modificaciones para mantener el 100% del salario en enfermedades severas o degenerativas, con el objetivo de calmar las aguas sin que el proyecto regrese al Senado.
El cambio surgió de sugerencias de jueces laboralistas y empresarios al bloque oficialista, pero no formaba parte del proyecto original impulsado por el Ejecutivo. Esta inclusión inesperada ha complicado el trámite en Diputados, donde se busca resolverlo vía reglamentación o convenios colectivos para evitar debates acalorados que dilaten la ley. La oposición y la CGT ven en esto un retroceso en derechos laborales, alertando sobre posibles judicializaciones.
El impacto se siente en el arranque de las sesiones ordinarias, donde el gobierno apostaba por esta reforma como hito de gestión. La falta de precisión sobre qué se considera 'enfermedad severa' añade incertidumbre, mientras el oficialismo negocia para avanzar sin fracturas internas.