La reciente aprobación en el Senado de modificaciones a la reforma laboral ha desatado una fuerte controversia, especialmente por los cambios en las licencias por enfermedad. El proyecto, que se mantuvo en secreto hasta el último momento, propone reducir el pago del salario completo durante periodos de recuperación a solo el 50%, con excepciones limitadas al 75% por hasta tres meses en casos no voluntarios. Si el trabajador tiene dependientes como niños o adultos mayores, este período se extiende a seis meses, pero la medida ha sido criticada por su impacto en la estabilidad económica de los empleados.
Expertos y analistas destacan que esta disposición ignora situaciones reales, como accidentes laborales o enfermedades crónicas, donde el estrés adicional de un salario reducido podría agravar la salud del afectado. Por ejemplo, en casos de cáncer o golpes accidentales, los trabajadores enfrentarían no solo el dolor físico sino también la preocupación por cubrir gastos básicos como alquiler o tratamientos médicos. La judicialización de estos casos se vislumbra como inevitable, sobrecargando el sistema legal con disputas sobre qué se considera 'voluntario' o evitable.
En respuesta al backlash, la titular del Senado ha anunciado evaluaciones para modificar el artículo, limitándolo a enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables, manteniendo el 100% del salario en esos escenarios. Sin embargo, persisten dudas sobre la implementación, ya que el gobierno busca aprobar la ley en Diputados sin alteraciones mayores para evitar retornos al Senado. Abogados laboralistas advierten que esta reforma viola principios constitucionales y convenios internacionales, promoviendo una regresión en derechos laborales que podría desincentivar la recuperación y fomentar el trabajo en condiciones precarias.
La prisa por sancionar la norma antes de marzo refleja la urgencia del Ejecutivo, pero deja expuestos a trabajadores sin convenio colectivo, quienes no se beneficiarían de posibles ajustes en negociaciones sindicales. Esta situación subraya la necesidad de un debate más amplio para equilibrar incentivos empresariales con protecciones sociales esenciales.