Un amparo colectivo impulsado por el legislador Marcelo Maceo busca prohibir el uso de teléfonos celulares en las cárceles de Buenos Aires, argumentando que facilitan extorsiones, estafas, homicidios, grooming y robos agravados desde las celdas. Cuatro años post-pandemia, cuando se autorizaron temporalmente para contacto familiar, persisten abusos que permiten a presos liderar bandas externas, como en el caso de una influencer asaltada en Martínez bajo dirección carcelaria vía celular.
Allanamientos revelan lujos en pabellones, con PlayStations, luces LED, marihuana y múltiples dispositivos, evidenciando corrupción en el Servicio Penitenciario. A nivel federal, la ley exige inhibidores no instalados, agravando delitos como fraudes virtuales y trata de personas. Casos trágicos, como el suicidio de un joven extorsionado con un montaje de cita falsa, suman a un patrón donde la pérdida de libertad no implica cese de actividades criminales.
La iniciativa judicial pretende medidas cautelares para desmantelar esta red, promoviendo sanciones agravadas por uso indebido y auditorías. Expertos coinciden en que eliminar celulares previene la organización criminal, protegiendo a la sociedad y facilitando verdadera resocialización, rompiendo el ciclo de impunidad que empodera a líderes delictivos desde prisión.
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Piden prohibir celulares en cárceles bonaerenses ante ola de delitos dirigidos desde adentro
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