La reciente media sanción de la reforma laboral en el Senado argentino marca un paso clave hacia la modernización de las relaciones laborales, según expertos del sector industrial. Martín Rapalini, titular de la Unión Industrial Argentina, destaca que esta ley introduce un marco normativo previsible que facilita la contratación y reduce litigios internos en las empresas, especialmente en las pymes. Al eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, se incentiva la negociación actualizada, evitando que acuerdos obsoletos del año 1974 sigan vigentes.
Entre los puntos principales, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes del 1% para grandes empresas y 2,5% para pymes sobre la masa salarial, que cubre indemnizaciones por despido. Esto abarata el costo laboral sin aumentar la carga para los empleadores, ya que redirige fondos previamente destinados al sistema previsional. Además, se flexibilizan las vacaciones, permitiendo fraccionarlas en periodos de al menos siete días, y se regulan licencias por enfermedad, pagando el 75% del salario básico en casos no voluntarios.
Los industriales argumentan que esta reforma no solo resuelve problemas de gobernanza interna, como la inactividad de delegados gremiales, sino que promueve la empleabilidad en un contexto de destrucción de puestos de trabajo. Desde noviembre de 2023, se perdieron 192.000 empleos asalariados registrados en el sector privado, con la industria afectada por 60.000 bajas. La apertura económica planteada por el gobierno, aunque controvertida, se ve como oportunidad si se reduce el peso impositivo del Estado para mejorar la competitividad global.
El proyecto ahora pasa a Diputados, donde podría enfrentar resistencias en temas como el FAL y las limitaciones al derecho de huelga en servicios esenciales. Sin embargo, su aprobación antes de fin de mes parece viable, consolidando un cambio que podría impactar positivamente la reactivación económica a largo plazo.