La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un paro general sin fecha definida en respuesta a la reforma laboral, sumándose a una movilización previa que resultó escasa en adhesión. Dirigentes sindicales argumentan que la medida busca frenar modificaciones que afectan derechos laborales, aunque critican que no se tocaron las 'cajas' sindicales ni se impulsó una democratización interna.
La convocatoria surge tras el reconocimiento gubernamental de cambios en artículos controvertidos, pero analistas destacan la falta de consenso dentro de la CGT y el bajo prestigio de sus líderes. Movilizaciones pasadas, como la de la semana anterior, fueron descritas como 'escuálidas', con poca participación autónoma y riesgos de violencia que deslegitiman la protesta. Sectores como transporte unificarían posiciones, paralizando trenes, colectivos y vuelos, impactando especialmente a trabajadores informales y clases medias.
El paro, posiblemente el 25 de febrero coincidiendo con el debate en Diputados, se ve como una herramienta legítima pero debilitada por la informalidad laboral y la pérdida de poder de convocatoria. Dirigentes como Jorge Solá, quien apoyó campañas electorales previas, carecen de reconocimiento popular, contrastando con figuras históricas. La medida podría beneficiar más a opositores rupturistas que a la CGT tradicional, en un contexto donde el 95% de los argentinos prioriza el trabajo diario.
Esta acción resalta la atomización sindical y la desconexión con bases, donde planes sociales y falta de transparencia erosionan la representatividad. Aunque legal, el paro sin fecha se percibe como 'sin ganas', afectando más a empleados que al Estado, y reflejando un sindicalismo anclado en el pasado ante desafíos como la inteligencia artificial.