Jueces de la Justicia Nacional del Trabajo protestan contra el traspaso de su fuero a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, incluido en la reforma laboral. Este convenio entre el Ministerio de Justicia porteño y el nacional eliminaría 80 juzgados de primera instancia y 10 salas, dejando 30 vacantes crónicas sin resolver. La medida, que avanza con la ley en el Congreso, genera incertidumbre laboral para cientos de magistrados y empleados.
Los afectados marcharán el jueves a la Corte Suprema, acusándola de traición por el fallo Levina que transfirió revisiones al Tribunal Superior de Justicia de CABA. Critican que esto distorsiona competencias nacionales, afectando demandas en la Capital Federal. Gremios como el de Julio Piumato evalúan acciones judiciales post-sanción, en un contexto de encono por fallos vistos como obstructivos para pymes.
El gobierno argumenta cumplimiento de la reforma de 1994 y desregulación para agilizar justicia, recordando que estos jueces frenaron decretos previos de Milei. La polémica resalta debates sobre federalismo judicial y eficiencia, con riesgos de cuellos de botella en causas residuales. Esta tensión podría complicar la aprobación de la ley integral, un hito pendiente en la democracia argentina.
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Jueces laborales en pie de guerra por traspaso de fuero a la Ciudad
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