El gobierno israelí aprobó reabrir el proceso de registro de tierras en Cisjordania ocupada por primera vez desde 1967, permitiendo inscribir como estatales grandes extensiones en la zona C bajo control civil y militar israelí. Esta medida, con un presupuesto de 77 millones de dólares, busca formalizar la propiedad y podría abarcar el 83% de esa área, equivalente a la mitad de Cisjordania.
La Autoridad Palestina y ONG como Peace Now denuncian una anexión de facto que viola el espíritu de los Acuerdos de Oslo y el plan de paz de Trump, facilitando el despojo masivo de tierras palestinas. Líderes colono en el gabinete de Netanyahu, como Bezalel Smotrich, impulsan esta política que contradice la solución de dos estados.
Expertos advierten que los palestinos enfrentarán dificultades para probar propiedad histórica, consolidando el control israelí. Esta decisión, aprobada tras la visita de Netanyahu a Washington, complica los esfuerzos de mediación de EE.UU. en la región.