El gobierno nacional enfrenta una interna clave en el ámbito judicial, centrada en la sucesión de Mariano Cúneo Libarona al frente del Ministerio de Justicia y las designaciones de más de 350 jueces y fiscales pendientes. Esta disputa involucra a figuras cercanas al presidente Javier Milei, como su hermana Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, quienes compiten por influir en las ternas de candidatos y las negociaciones en el Senado.
Las vacantes en tribunales federales, como Comodoro Py y la Cámara de Casación, son prioritarias para agilizar causas de corrupción, incluyendo el caso Vialidad contra Cristina Kirchner, cuya definición se acelera hacia antes de julio. El kirchnerismo, que históricamente controló estas designaciones, ahora ve limitada su influencia, mientras el oficialismo busca mayorías simples para avanzar sin necesidad de consensos amplios en la Corte Suprema, que requiere dos tercios.
La resolución de esta interna podría definirse en marzo, ligada a debates como la baja de imputabilidad, y afectará el poder de negociación con aliados como el radicalismo y el PRO. Cúneo Libarona, quien asumió como interino, ha expresado su deseo de dejar el cargo, reavivando la tensión entre bandos. Esto no solo impacta en la Justicia, sino en la credibilidad del sistema al priorizar la independencia judicial sobre lealtades políticas.
En un contexto de baja transparencia histórica en Argentina, estas designaciones son cruciales para restaurar la confianza en las instituciones, evitando la 'colonización' judicial del pasado y enfocándose en profesionales alineados con la Constitución y el Código Penal, independientemente de su origen político.