La inflación en Argentina muestra signos de estancamiento, con mediciones mensuales rondando el 2,9%, lo que frena el proceso de desinflación esperado tras las medidas de ajuste fiscal implementadas por el gobierno. Factores como el aumento de precios regulados en tarifas de servicios públicos, combustibles y alimentos, junto con la estacionalidad de colegios y útiles escolares, presionan al alza la canasta básica.
Economistas como Juan Carlos de Pablo advierten que el problema radica en la persistencia de tasas superiores al 2% desde fines de 2024, cuestionando si la inflación es puramente monetaria o incluye inercias de precios heredadas. A pesar de la estabilidad del dólar y la acumulación de reservas por el Banco Central, el salario real actúa como ancla inflacionaria, limitando el consumo y la reactividad económica en sectores vulnerables.
El equilibrio fiscal logrado no ha sido suficiente para revertir la tendencia, y expertos llaman a un diagnóstico preciso para actuar, reconociendo que el camino hacia la baja sostenida requerirá tiempo y ajustes adicionales. En este contexto, el gobierno enfrenta el reto de explicar estas turbulencias a la ciudadanía, manteniendo la confianza en un proceso que, aunque lento, busca romper con décadas de inestabilidad monetaria.