El gobierno argentino introduce en la agenda legislativa un nuevo código penal que endurece las penas para diversos delitos, buscando mayor disuasión y protección social. La ministra de Justicia anunció que el proyecto priorizará sanciones más estrictas para crímenes violentos, en respuesta a la creciente inseguridad que preocupa a la ciudadanía.
Esta iniciativa se presenta en un momento clave, con el oficialismo consolidando mayorías en el Congreso. El código busca equilibrar rehabilitación y castigo, incorporando agravantes para reincidentes y delitos contra vulnerables, aunque críticos advierten sobre posibles impactos en la población carcelaria y derechos humanos.
La reforma forma parte de un paquete más amplio de seguridad, alineado con viajes diplomáticos del Ejecutivo, como la reunión con líderes internacionales. Su aprobación podría marcar un giro en la política criminal, enfatizando la mano dura para restaurar la confianza pública en el sistema judicial.