El gobierno nacional enfrenta un desafío inesperado en la recién aprobada reforma laboral, centrado en el tratamiento de las licencias por enfermedad. Según el artículo controvertido, los trabajadores recibirían solo el 75% de su salario en casos de enfermedad general, y la mitad si la afección resulta de actividades voluntarias como deportes. Esta disposición, que no había sido ampliamente discutida durante el debate en el Congreso, generó críticas inmediatas por su potencial impacto en los derechos laborales.
Autoridades gubernamentales argumentan que el sistema actual está descontrolado, citando ejemplos como la policía bonaerense donde la mitad del personal se encuentra en licencias médicas. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, anunció correcciones para evitar afectaciones injustas, con el objetivo de implementar cambios mediante un reglamento que acompañe la ley sin necesidad de volver al Senado. Sin embargo, la oposición y aliados del oficialismo cuestionan la equidad de la medida, temiendo que penalice a los trabajadores por pecados ajenos.
La polémica resalta la necesidad de un control más estricto en el otorgamiento de licencias, pero también pone en jaque la estabilidad de la reforma, aprobada con mayoría en Diputados. Expertos advierten que sin ajustes rápidos, podría desatar un frente de conflicto social y judicial, complicando los planes del Ejecutivo por una modernización laboral pendiente desde hace décadas.
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Gobierno busca blindar la reforma laboral ante polémica por licencias por enfermedad
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