Un joven soldado de 21 años, Rodrigo Gómez, se quitó la vida en la Quinta Presidencial de Olivos tras ser víctima de una sofisticada extorsión orquestada desde prisiones bonaerenses. La estafa comenzó cuando Gómez ingresó a una aplicación de citas, donde un perfil falso lo atrajo con fotos de una mujer adulta. Los extorsionadores, operando desde cárceles con acceso a celulares, alteraron la identidad para simular que chateaba con una menor de edad, amenazándolo con denuncias por abuso.
La banda, compuesta por siete personas detenidas, utilizó audios falsos de supuestos policías para presionar a la víctima. En uno de ellos, un falso subteniente de la división contra la pedofilia advertía sobre evidencia recuperada de conversaciones y fotos, exigiendo pagos para evitar una causa judicial. Gómez, originario del interior del país y con deudas acumuladas, transfirió más de 1,4 millones de pesos en una hora, cayendo en una espiral de miedo y ruina económica. Su carta de suicidio reveló el tormento: '¿Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas? Me trajo problemas legales y muchas deudas', denunciando a 'policías corruptos' que pedían cada vez más dinero.
La investigación, a cargo de la jueza Alicia Arroyo Salgado, expuso cómo los presos usaban identidades reales de policías y sonidos de handys para mayor credibilidad. Incluso después del suicidio, los extorsionadores continuaron contactándolo, ignorantes de su muerte. Este caso resalta la urgencia de prohibir celulares en cárceles, un 'derecho' adquirido en pandemia que facilita delitos como secuestros virtuales y estafas. Autoridades llaman a no pagar ni denunciar inmediatamente ante amenazas similares, previniendo más tragedias.
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El trágico suicidio de un soldado extorsionado desde la cárcel
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