Los institutos de menores en Buenos Aires enfrentan un caos generalizado, con fugas constantes, peleas violentas y falta de control, pese a un presupuesto de 12 billones de pesos destinados a entidades como el OVNIA. Expertos denuncian corrupción y mal uso de recursos, donde solo 500 de 2.000 chicos con causas penales están internados, mientras el resto recurre a medidas alternativas ineficaces. Casos como la fuga del menor implicado en el asesinato de Blackie ilustran fallas sistémicas, con responsables de escapes aún en cargos directivos.
El debate sobre bajar la edad de imputabilidad a 14 años para delitos graves, como homicidios y secuestros, busca un régimen penal juvenil que priorice sanciones y resocialización, con penas alternativas como servicio comunitario y tutores obligatorios. Defensores argumentan que el actual sistema romántica la criminalidad, protegiendo más al delincuente que a la víctima, y proponen auditorías para redirigir fondos hacia profesionales capacitados, como psicólogos y médicos, separando a menores de adultos en prisiones.
Testimonios de ex trabajadores y familiares de víctimas resaltan la necesidad de límites claros y contención familiar para enderezar a estos jóvenes, muchos criados en entornos de violencia y drogas. La ley con media sanción asigna presupuesto específico, enfatizando prevención general mediante castigos disuasorios, pero advierten que sin gestión adecuada, persiste el ciclo de reincidencia y profesionalización del delito desde edades tempranas.
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Descontrol en institutos de menores: Debate sobre baja de imputabilidad y resocialización
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