El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, enfrenta una denuncia penal por presunta omisión en la publicación de un contrato de 114 millones de pesos adjudicado a una fundación donde su esposa ocupa el cargo de directora ejecutiva. La acusación, presentada por abogados, señala que el acuerdo no fue divulgado en el sitio web de la Oficina Anticorrupción, violando el pacto de integridad establecido en un decreto gubernamental. A pesar de que el canciller mostró capturas de pantalla del acuerdo, los denunciantes insisten en que no está accesible públicamente, lo que genera dudas sobre la transparencia del proceso.
El caso surgió a partir de una nota de Noticias Argentinas, replicada por Página/12, que cuestionó la adjudicación directa sin licitación a la entidad vinculada a la familia de Sturzenegger. Críticos destacan la ironía, dado que el ministro es conocido por aplicar recortes drásticos en el Estado, pero en este contrato familiar parece haber evitado la 'motosierra'. La dirigencia política y redes sociales exigen explicaciones, sugiriendo un posible conflicto de intereses que podría haber interrumpido los ajustes presupuestarios.
La justicia deberá investigar si hubo direccionamiento o incumplimiento legal, con un fiscal sorteado el miércoles próximo. Este episodio revive debates sobre nepotismo en el gobierno, especialmente en un contexto de austeridad que afecta servicios públicos esenciales como salud y planes sociales. La intervención de la Oficina Anticorrupción y Digen ya revisó el procedimiento, concluyendo que fue correcto, pero la falta de publicidad persiste como eje de la controversia.
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Denuncia penal contra Sturzenegger por contrato millonario en la Cancillería
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