La reforma laboral genera polémica por el artículo que propone descuentos en el pago de licencias por enfermedad no laboral. Para casos de incapacidades derivadas de actividades voluntarias como deportes, se aplicaría un 50% del salario, mientras que para otras enfermedades se reduciría al 75%, con excepciones para afecciones graves como el cáncer, donde se mantendría el 100% tras verificaciones estrictas.
El gobierno argumenta que esta medida busca combatir el alto ausentismo laboral y los certificados médicos falsos, que afectan al 58% de las empresas privadas. Patricia Bullrich ha reconocido la necesidad de ajustes para enfermedades degenerativas, enfatizando controles fiables para evitar abusos, en un país donde el ausentismo por enfermedades representa el 49% de las faltas mensuales.
Críticos advierten que estos descuentos impactan negativamente en trabajadores con sueldos bajos, exacerbando la crisis económica. El promedio salarial RIPTE ronda los 1.600.000 pesos, y cualquier reducción agrava la situación de millones en ajuste. El debate urge soluciones alternativas como mayor control médico sin recortar ingresos esenciales, priorizando la salud sobre la productividad inmediata.