La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó un paro general para el próximo jueves, coincidiendo con el debate de la ley de reforma laboral en la Cámara de Diputados, marcando el cuarto medida de fuerza en la gestión de Javier Milei. Esta acción, sin movilización masiva por parte de la central obrera, busca protestar contra modificaciones que consideran perjudiciales para los derechos laborales, tras la media sanción en el Senado. Una reunión clave en Olivos entre Milei y Patricia Bullrich definió el cronograma, intensificando el pulso entre gobierno y sindicatos.
La adhesión de gremios como la Unión Tranviarios Automotor (UTA) es crucial, ya que podría paralizar el transporte público, incluyendo colectivos y trenes, elevando el impacto de la huelga. Mientras la CGT opta por una protesta estática, sectores de izquierda planean concentraciones en el Congreso, reflejando divisiones en el movimiento obrero. El gobierno enfrenta presiones para avanzar con la reforma, vista como esencial para la economía, pero rechazada por sindicatos que temen precarización y pérdida de conquistas históricas.
Este paro subraya la creciente confrontación entre el oficialismo y el sindicalismo, en un contexto de conciliaciones pendientes en sectores clave como los ferrocarriles. La ausencia de transporte podría complicar la vida cotidiana de millones, forzando al gobierno a negociar o endurecer su postura. Analistas prevén que el resultado del debate definirá el tono de las relaciones laborales en los próximos meses, con implicancias en la estabilidad social y económica del país.