Baja de edad de imputabilidad: impacto en víctimas y rehabilitación de menores

La baja de la edad de imputabilidad a 16 años, que se discute esta semana en el Senado tras media sanción en Diputados, busca dar respuestas concretas a víctimas de delitos graves cometidos por menores, como homicidios y violaciones. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, destacó que esta medida no solo persigue justicia para las familias afectadas, sino también oportunidades de rehabilitación para los jóvenes infractores mediante redes socioeducativas y espacios de contención, evitando su regreso inmediato a entornos familiares disfuncionales.

Expertos y legisladores, como Patricia Bullrich y Laura Rodríguez Machado, enfatizan que el cambio representa una salida integral, combinando sanción con prevención. Casos emblemáticos, como el asesinato de un adolescente apuñalado 20 veces mientras se filmaba, ilustran la necesidad de actuar ante delitos que trascienden la minoría de edad. La reforma rechaza enfoques estadísticos fríos, argumentando que incluso un solo caso justifica una respuesta estatal firme para proteger a la sociedad.

El debate subraya la tensión entre castigo y recuperación, promoviendo un sistema que integre educación y apoyo psicológico para menores en riesgo. Esta iniciativa podría marcar un hito en la política criminal argentina, priorizando tanto la seguridad colectiva como la posibilidad de cambio para los involucrados, siempre con el foco en las víctimas y su derecho a justicia efectiva.