La causa Vialidad, conocida como Otesur, acelera su trámite en la Casación Penal, con el sorteo del último juez completado y posibles fechas de juicio antes de la feria judicial de julio. Fuentes indican que el fiscal Diego Velasco podría requerir urgencia, coincidiendo con el juicio por cuadernos de corrupción, obligando a Cristina Kirchner a atender ambos en paralelo vía Zoom.
La Corte Suprema expresó preocupación por el timing de causas de corrupción, en un contexto donde Argentina figura mal en índices de transparencia internacional. La defensa de Kirchner busca demoras, pero el tribunal parece inclinado a avanzar, rechazando maniobras dilatorias tras semanas de invisibilidad pública de la expresidenta, quien reapareció en un acto festivo.
Este desarrollo se enmarca en reformas judiciales, con más de 350 vacantes a cubrir, incluyendo cuatro en Comodoro Py y Casación. El gobierno, con mayoría simple en Senado, negocia designaciones sin estigma por origen político, priorizando lealtad a la Constitución sobre afinidades partidarias. Ejemplos como el fiscal Luciani, nombrado por Kirchner pero actuando independientemente, ilustran que la función judicial debe primar sobre lealtades políticas.
La interna gubernamental por el Ministerio de Justicia, entre Karina Milei y Santiago Caputo, influye en postulaciones, con Mariano Cúneo Libarona como figura transitoria. La aprobación de la baja de imputabilidad podría precipitar cambios, fortaleciendo un sistema acusatorio donde fiscales ganan protagonismo y la Corte resuelve controversias constitucionales.