El oficialismo avanza en la sanción de la ley de glaciares, un reclamo histórico de gobernadores que hasta hace semanas carecía de apoyo suficiente en el Congreso. Patricia Bullrich, en contacto directo con el presidente, trabaja para cerrar las sesiones extraordinarias con esta norma como hito ambiental, protegiendo recursos hídricos clave en un contexto de cambio climático. La ley busca regular actividades mineras y turísticas cerca de glaciares, equilibrando desarrollo económico y conservación.
El proyecto enfrenta objeciones por debates express y falta de convocatoria amplia, pero el gobierno insiste en su reformismo profundo para un Congreso transformador. Críticos señalan que una tramitación más pausada habría evitado tensiones, similar a controversias en la reforma laboral. Sin embargo, la media sanción parece inminente, con promesas de modificaciones para atender preocupaciones provinciales sobre impacto en inversiones.
Esta ley representa un paso hacia la sostenibilidad en Argentina, donde glaciares como los patagónicos son vitales para el agua dulce. Especialistas urgen su aprobación para prevenir daños irreversibles, mientras el oficialismo la enmarca en un año de cambios estructurales. El equilibrio entre protección ambiental y crecimiento económico definirá su legado en la agenda nacional.