El Senado de la Nación aprobó por unanimidad un proyecto de ley que otorga un aumento de emergencia a las jubilaciones, reconociendo la grave situación económica que enfrentan los adultos mayores en el país. Con 52 votos afirmativos y cuatro abstenciones, la iniciativa busca compensar la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido los jubilados desde el inicio del actual mandato presidencial. Esta medida representa un alivio temporal para millones de personas que, según datos oficiales, perciben haberes equivalentes a menos de 80 dólares mensuales, insuficientes para cubrir necesidades básicas como alimentos y medicamentos.
En paralelo, se aprobó la declaración de emergencia nacional en materia de discapacidad, lo que implica la restitución de prestaciones recortadas y la reactivación de la Agencia Nacional de Discapacidad, que había sido desmantelada con el despido de 350 trabajadores. Legisladores opositores destacaron que estas políticas gubernamentales han profundizado la vulnerabilidad de las personas con discapacidad, dejando sin atención a miles de familias. El debate en el recinto subrayó la tensión entre el equilibrio fiscal promovido por el Ejecutivo y la necesidad de proteger a los sectores más desprotegidos, con críticas a la priorización de ajustes sobre el bienestar social.
El gobierno anunció que evaluará el veto a estas leyes, argumentando que afectan el superávit fiscal logrado en los primeros meses de gestión. Sin embargo, voces expertas advierten que el verdadero desequilibrio radica en la distribución desigual de los recursos, donde se destinan fondos a operativos de seguridad mientras se recortan remedios y pensiones. Esta aprobación marca un quiebre en la dinámica legislativa, demostrando que el Congreso puede actuar independientemente para defender derechos fundamentales, a pesar de las presiones ejecutivas.