El proyecto de reforma laboral obtuvo media sanción en el Senado y ahora enfrenta un debate intenso en Diputados, con cambios de última hora que incluyen la eliminación de la reducción del 30% al 27% en cargas patronales para grandes empresas, atendiendo reclamos de gobernadores. Otro ajuste reduce el desvío de aportes al Fondo de Asistencia Laboral al 1% para grandes firmas y 2,5% para pymes, buscando equilibrar cargas fiscales sin afectar jubilaciones.
La polémica estalló con una cláusula inesperada sobre licencias médicas: trabajadores podrían cobrar solo el 75% o 50% de su salario por ausencias no laborales, como lesiones deportivas, generando rechazo incluso en aliados del gobierno. Federico Sturzenegger defendió la medida argumentando que no todas las incapacidades son responsabilidad empresarial, pero sindicatos y bloques opositores exigen su revisión. Además, se eliminó el pago de salarios vía billeteras virtuales, desatando quejas del sector fintech.
La CGT, insatisfecha con límites al derecho a huelga –como autorizaciones para asambleas y extensiones de servicios esenciales–, convoca a su consejo directivo para definir medidas de fuerza, incluyendo un posible paro general el 25 de febrero si no se atienden reclamos. Aportes gremiales permanecen obligatorios sin tope, pero la central sindical ve restricciones a su accionar, escalando tensiones en un contexto de negociaciones con el Ejecutivo.