El gobierno anuncia modificaciones al artículo polémico de la reforma laboral sobre licencias por enfermedad, limitando el pago del 100% del salario solo a casos severos, degenerativos e irrecuperables, verificables para combatir certificados truchos. La senadora Patricia Bullrich defiende mantener el recorte al 50% en otros supuestos, argumentando mafias que abusan del sistema y judicializan todo. Este cambio implica retorno al Senado, alargando la aprobación y generando tensiones con aliados como PRO, UCR y Provincias Unidas, que reclaman ajustes.
Críticos señalan que penaliza a trabajadores honestos que se enferman por causas comunes, como gripes o lesiones leves, sumando un castigo económico a la dolencia. La ley ya incluye controles mayores para empleadores, como revisiones médicas y juntas, resolviendo parte del problema de falsificaciones sin recortar salarios. Ejemplos cotidianos ilustran el dilema: ¿quién prueba si una gripe se contrajo en el trabajo? La judicialización actual complica, pero el doble castigo desincentiva el derecho a la salud.
La CGT amenaza con paro general, alegando regresividad que impacta en trabajadores y pueblo, pese a no tocar directamente sus recaudaciones. Históricamente, sindicatos negocian con timing político, acelerando presiones post-aprobación. Esta reforma, crucial desde 1983 para modernizar estructuras arcaicas, no debe empantanarse; negociaciones vía reglamentación o convenios colectivos podrían equilibrar, atenuando burocracia sindical momificada en privilegios y corrupción.
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Reforma laboral en jaque: Modificaciones a licencias por enfermedad dividen opiniones
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